3/12/12

Colombia y las FARC


El actual presidente Juan Manuel Santos inicia el proceso de diálogos con las Farc sin que éstas hayan cesado de causar víctimas. Es precisamente por las distintas posturas de los presidentes ecuatorianos, el pasado y el presente, que el Marco Jurídico para la Paz divide opiniones públicas, como enfrenta a sus presidentes. Las razones se explican bien en el medio digital “La silla vacía”. Este Marco Jurídico para la Paz nace “como una herramienta para reparar algunas de las debilidades que ha mostrado la ley de Justicia y Paz, ser un complemento para la Ley de Víctimas" y sentar las bases para un proceso de paz con la guerrilla. Pretende además agilizar el proceso de justicia transicional y para esto le abre las puertas a la Fiscalía para que priorice los delitos y se puedan juzgar más rápido”.

Sin embargo algunos de los principales conflictos que plantea el bienintencionado  marco son:

· El Marco Jurídico para la Paz busca estabilizar la situación para llegar a un pacto con la guerrilla, totalmente lo que Uribe no quería –buscaba su fin completo, efectivo-. Este pacto, además, juzgaría a los cabecillas pero no así al resto de componentes, aún está por determinar cómo y cuándo se ajusticiarían.

· Un pacto conllevaría ceder, reconocer la derrota de la anterior política de Uribe y a lo que iba encaminada tanto su Política de Seguridad Democrática como el Plan de Colombia. Un Plan, por cierto, que contaba con el apoyo de Norteamérica, pero que en cierta medida reportaba sus beneficios al benefactor, ya que tendrían asesores americanos y armamento también americano. Por otro lado, suponía, y de ahí el enfrentamiento de Venezuela, cierto control sobre los nuevos líderes latinoamericanos como Lula en Brasil.

· La Política de Seguridad Democrática sería relegada por una política de negociación de paz, Santos se hace entonces con la oposición ya no de Uribe, cuya campaña recordemos fue mano dura para con las Farc, sino que además lo enfrenta a los militares, acostumbrados a un papel activo en el Estado y que se verían de repente olvidados en la sombra en este proceso.

· En estas negociaciones están implicadas las Farc pero, ojo, también el ELN (Ejército de Liberación Nacionalista), aunque no sería la primera vez, ya en 1991 hubo un intento (fallido, claro) durante el gobierno de César Gaviria. Pero, por otra parte, meter ambas en un saco puede resultar contraproducente ya que estuvieron enfrentadas y aunque comparten territorios de actuación, no así objetivos, siendo la Farc más concreta que el ELN. Resultaría, en definitiva, mucho más difícil de abordar y en el caso de que un grupo llegara a un acuerdo antes que el otro, el último se encontraría en una situación mucho más incómoda, lo que puede desalentar y complicar más el asunto.

· El Marco Jurídico para la Paz no sólo engloba a Farc y ELN sino también a las Fuerzas Militares. En el inciso tercero dice que “la Ley dará un trato diferenciado a cada una de las distintas partes”, y esto incluye las Fuerzas Militares, para Uribe es inaceptable, las Fuerzas Militares son un actor más pero no se deben penalizar. Por otro lado, el trato diferenciado permite que no sean juzgados como a los guerrilleros, así que las heridas quizá no cierren para siempre.

· Este marco tendría como consecuencia desmontar el discurso de Uribe sobre que no había conflicto armado, y sobre que los guerrilleros son terroristas, un discurso que mantuvo y repitió durante todos sus años de gobierno. De hecho Santos ya comenzó a ganarse su oposición con la Ley de Víctimas, y ahora, con la mesa de negociación, aún más ya que, como hemos dicho, supone dar concesiones, ceder y no se cede ante la sinrazón de asesinatos injustificados de actos terroristas (aunque en España hemos visto que ha habido varios intentos de negociación).

La Ley de Víctimas, en el comienzo, dice:

El derecho a acceder a un recurso efectivo y a obtener reparación se ha reconocido entre otros instrumentos internacionales, en los siguientes : la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.8) ; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.2) ; Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.8,25 y 63) , la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art.6) ; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes (art.14) ; y la Convención sobre los Derechos del Niño (art.39)”.

Todas estas leyes sirven de referentes a la hora de cómo se enfocará otro de los dilemas de este complicado asunto entre derecho a la paz, derecho de las víctimas, cese de guerrilla y narcotráfico y ciertos intereses quizá ocultos tras el negocio de la droga. También tengamos en cuenta a los implicados, Venezuela por un lado, Noruega se supone como garante del proceso, y países en los que Farc y ELN campan a sus anchas. En realidad los factores son muy complicados de analizar.

· Reconocimiento político de las Farc, ahora no incluido explícitamente aunque en un escrito del gobierno inicial sí lo estaba, otra concesión más. La puerta queda abierta más adelante a otro desarrollo legal, además, hay que decir que las Farc ya han declarado en otras ocasiones su deseo de participar políticamente, lo que podría poner encima de la mesa durante las negociaciones (“Las Farc quieren entrar a la política, pero eso tiene un precio. El Estado quiere que rompan con el narcotráfico, y eso también cuesta.”)

· Los paramilitares extraditados podrían beneficiarse del pacto de paz, hay que aclarar que no es una medida retroactiva, es decir, según el art.9.3 CE no se aplica antes de que la norma sea efectiva, no podrían ser retroactivas por ejemplo las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Dejando a un lado explicaciones terminológicas, supondría un incentivo para paramilitares presos de dar nueva información.

¿Entonces prevalecen los derechos de las víctimas, recibirán justicia, logrará acaso un lugar político las Farc y serán capaces todas sus variaciones y guerrilas de dejar de lado el narcotráfico?, ¿realmente supone un avance importante o acabaran estas negociaciones pese a la Ley de Víctimas y el Marco Jurídico para la Paz en un fracaso como las de la legislatura de Pastrana? Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autoridad del tema, dice:



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